Tokenización de activos: Innovación financiera y nuevas oportunidades para Bolivia

André Tejerina

La tokenización de activos se perfila como una de las transformaciones más importantes de los mercados financieros. En 2022, Boston Consulting Group (BCG) estimó que el mercado de activos ilíquidos tokenizados podría alcanzar los USD 16 billones para 2030, una cifra equivalente a aproximadamente el 10 % del PIB mundial proyectado. Aunque se trata de una estimación cuyo cumplimiento dependerá de la evolución del mercado, refleja el potencial de una tecnología que promete modificar la manera en que las personas adquieren, transfieren e invierten en activos tradicionales.

La tokenización consiste en representar digitalmente un activo o derecho mediante unidades denominadas tokens, registradas generalmente en una red blockchain. Esta tecnología permite fraccionar activos, registrar transferencias de manera trazable y automatizar determinadas obligaciones mediante contratos inteligentes (smart contracts). Sus principales ventajas se encuentran en la posibilidad de ampliar el acceso a inversiones tradicionalmente reservadas para personas con mayor capacidad económica, fortalecer la transparencia mediante registros digitales compartidos y automatizar operaciones como la distribución de rendimientos, el cumplimiento de condiciones contractuales y determinadas transferencias de derechos.

Una experiencia representativa se encuentra en Binance, que en febrero de 2026 habilitó la negociación de instrumentos financieros tokenizados emitidos por Ondo Finance, vinculados con acciones y fondos cotizados en bolsa (ETF) de los mercados bursátiles estadounidenses. Estos instrumentos permiten obtener exposición a su rendimiento económico mediante activos digitales basados en blockchain, aunque los derechos conferidos no necesariamente incluyen facultades propias de un accionista, como el derecho de voto.

Esta distinción ha adquirido especial relevancia regulatoria. En enero de 2026, las divisiones competentes de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) emitieron un pronunciamiento sobre valores tokenizados, diferenciando aquellos emitidos directamente por las sociedades de los creados por terceros. La SEC explicó que los derechos conferidos dependen de la estructura jurídica del token y que su representación mediante blockchain no modifica la aplicación de la legislación del mercado de valores.

Del mismo modo, la Unión Europea ha desarrollado un marco para experimentar con instrumentos financieros tokenizados mediante el Reglamento (UE) 2022/858, conocido como DLT Pilot Regime, mientras que Singapur impulsa experiencias de tokenización institucional a través del Proyecto Guardian. Estas iniciativas internacionales reflejan una tendencia hacia la incorporación de blockchain en los mercados tradicionales, preservando la protección del inversionista y la exigibilidad jurídica de los derechos.

Bolivia, por su parte, también ha comenzado a desarrollar un marco regulatorio para estas actividades. El Decreto Supremo N.º 5384 reconoce expresamente los activos tokenizados y las soluciones blockchain entre las categorías de servicios que pueden desarrollar las Empresas de Tecnología Financiera (ETF), bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Esta apertura ofrece oportunidades para desarrollar nuevas modalidades de inversión, sujetas a las autorizaciones y disposiciones aplicables según la naturaleza de cada instrumento.

Una de las áreas con mayor potencial es el sector inmobiliario. Mediante estructuras jurídicamente adecuadas, la tokenización podría facilitar la participación de pequeños inversionistas en proyectos de construcción, inmuebles destinados al alquiler o desarrollos comerciales. De esta manera, personas con recursos limitados podrían adquirir derechos económicos sobre proyectos cuyo valor total supera ampliamente su capacidad individual de inversión, ampliando las alternativas de participación en el mercado inmobiliario.

Otra aplicación particularmente interesante para Bolivia se encuentra en la modernización de las operaciones de preventa inmobiliaria. Las irregularidades asociadas a construcciones sin autorización municipal, modificaciones respecto de los planos aprobados e incumplimientos de las condiciones ofrecidas constituyen algunos de los riesgos que aborda el Decreto Supremo N.º 4732, que establece mecanismos de control, entre ellos la certificación de contratos de preventa por el Ministerio de Justicia.

En este contexto, la tokenización podría contribuir a simplificar los procedimientos y fortalecer la seguridad jurídica mediante plataformas digitales interoperables con los registros públicos. Su integración con los sistemas del Ministerio de Justicia, los gobiernos municipales y Derechos Reales permitiría verificar automáticamente las autorizaciones, características técnicas y situación jurídica de los proyectos, así como registrar las operaciones comerciales y los derechos comprometidos a los compradores. Esta infraestructura también facilitaría la automatización de contratos y transferencias, reduciendo gestiones administrativas, verificaciones documentales repetitivas e intervenciones notariales cuando la normativa lo permita.

Una vez concluida la construcción y formalizada la transferencia de propiedad, la información podría actualizarse mediante su vinculación con Derechos Reales. De esta manera, la tokenización ofrecería una oportunidad para integrar las actividades comerciales con los registros estatales, reducir la burocracia y establecer mecanismos más eficientes de protección a los compradores. Su implementación requeriría avanzar en el desarrollo regulatorio y la interoperabilidad institucional, particularmente entre las autoridades competentes y los registros públicos, para aprovechar plenamente sus beneficios en el mercado inmobiliario boliviano.

Las posibilidades de tokenización también alcanzan a los sectores agropecuario e industrial, particularmente mediante la representación digital de derechos sobre productos futuros. En Bolivia, esta tecnología podría aplicarse a la producción de soya, quinua, cacao y otros productos agrícolas o manufacturados, permitiendo a productores y empresas acceder a mecanismos alternativos de financiamiento anticipado mediante la comercialización de derechos sobre su producción futura.

Por ejemplo, un productor de soya podría tokenizar derechos contractuales sobre una parte de su producción futura, permitiendo que inversionistas o compradores anticipen recursos destinados a financiar la siembra, adquisición de insumos y cosecha. Una vez obtenida la producción, los titulares de los tokens podrían recibir los productos comprometidos o los beneficios económicos derivados de su comercialización, conforme a las condiciones contractuales. Esta modalidad podría ampliar el acceso al financiamiento productivo, facilitar la participación de pequeños inversionistas y mejorar la trazabilidad de las operaciones agrícolas.

Las oportunidades de esta tecnología también se extienden al sector ambiental, particularmente al financiamiento de proyectos forestales, conservación de biodiversidad y mercados de carbono. Una experiencia destacada se desarrolla en Ecuador. La comunidad indígena Achuar de Sharamentsa, con el apoyo de Fundación Pachamama y Regen Network, implementó en 2024 una iniciativa denominada Biocultural Jaguar Credits, destinada a financiar la conservación de aproximadamente 10.000 hectáreas de bosque amazónico.

El proyecto utiliza unidades digitales asociadas a indicadores de biodiversidad, presencia de jaguares y actividades de protección comunitaria, que pueden ser adquiridas por empresas y organizaciones interesadas en financiar la conservación y acreditar su contribución ambiental. A diferencia de los créditos de carbono tradicionales, estas unidades representan contribuciones verificables a la conservación de la biodiversidad y no equivalen a una tonelada de dióxido de carbono reducida o removida.

Estos tokens fueron concebidos como mecanismos de contribución ambiental, sin generar intereses o dividendos para sus compradores. Su valor reside principalmente en el respaldo verificable a iniciativas de conservación y en su contribución a compromisos corporativos de sostenibilidad. Para Bolivia, un modelo semejante podría facilitar el acceso de pueblos indígenas, comunidades locales y organizaciones de conservación a fuentes internacionales de financiamiento, mediante esquemas transparentes de distribución de beneficios y respeto a los derechos colectivos.

La tokenización abre nuevas oportunidades para ampliar el acceso a inversiones, modernizar las operaciones inmobiliarias, facilitar el financiamiento productivo y movilizar recursos hacia la conservación ambiental. Su consolidación dependerá de la capacidad de conectar estas innovaciones con los sistemas jurídicos existentes, garantizando que los activos representados digitalmente correspondan a derechos legítimos, verificables y exigibles.

Bolivia cuenta con una base regulatoria inicial para avanzar en esta dirección. El siguiente desafío consiste en desarrollar aplicaciones concretas que integren las plataformas tecnológicas con los registros públicos, las autoridades competentes y los sectores productivos. En esa articulación entre innovación tecnológica y seguridad jurídica reside el verdadero potencial de la tokenización para transformar las actividades económicas y ampliar las oportunidades de inversión y financiamiento en el país.

André Tejerina – Asociado Senior

El contenido de este artículo refleja el análisis y criterio de su autor.