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Nuevo Código Minero en Bolivia: avances, desafíos y lo que aún puede mejorar

Nuevo Código Minero en Bolivia: avances, desafíos y lo que aún puede mejorar

Por Daniel Arredondo Zelada y Marco Suárez Cabello

Bolivia no está discutiendo simplemente una nueva ley minera. Está definiendo si su marco jurídico puede convertir potencial geológico en inversión responsable, exploración efectiva, producción formal, trazabilidad, desarrollo regional y legitimidad social. El proyecto de nuevo Código de Minería y Metalurgia (versión del 10 de noviembre de 2026) se encuentra aún en etapa de socialización y no constituye una ley aprobada. Precisamente por eso, debe analizarse con rigor técnico, porque las decisiones que se adopten en esta fase pueden definir la competitividad minera del país durante los próximos años.

La propuesta parte de una premisa correcta: el marco vigente ya no responde a las necesidades del sector. Exige, sin embargo, una lectura crítica. La Ley No. 535 se concentró en el paso del antiguo régimen de concesiones a los contratos administrativos mineros, en la definición de la estructura estatal, privada y cooperativa del sector y en las reglas para otorgar, conservar y extinguir derechos. La ley presenta falencias que van más allá de ese enfoque y, además, el sector minero boliviano enfrenta hoy desafíos distintos a los de 2014. Ya no basta con regular títulos habilitantes. Hace falta promover una minería responsable, atraer inversión, ampliar la exploración, formalizar la producción, mejorar la fiscalidad, combatir la minería ilegal, desarrollar los minerales críticos y dar respuestas ambientales y sociales creíbles.

Las disposiciones iniciales del proyecto son más ambiciosas que las de una simple reforma administrativa. Su objeto incluye regular y promover el aprovechamiento responsable, planificado, sostenible y eficiente de los recursos minerales, reorganizar la institucionalidad sectorial, garantizar seguridad jurídica y trazabilidad, ordenar el régimen regalitario y ambiental, y fomentar inversión, innovación, tecnología, competitividad y modernización. También declara principios como continuidad productiva, igualdad de actores productivos, prioridad de la exploración y promoción de la inversión. Esa base conceptual es valiosa en el papel, pero también eleva el estándar de consistencia del texto final, porque un Código que promete seguridad jurídica, sostenibilidad y trazabilidad debe convertir esas ideas en reglas operativas, no en declaraciones generales debilitadas por excepciones o remisiones incompletas. A continuación se revisan algunos de los aspectos más relevantes del proyecto, tanto sus avances como las brechas que aún debe cerrar.

Una nueva arquitectura institucional

El proyecto propone sustituir la lógica de separación actual por una arquitectura más integrada, con una Autoridad Nacional Minera que asumiría funciones de administración, catastro, registro, fiscalización, control de comercialización y trazabilidad, incorporando competencias hoy distribuidas entre la AJAM y el SENARECOM. En paralelo, plantea una Agencia Nacional de Seguridad y Protección Minera (AGEPROMIN), con independencia funcional respecto de la ANM, para atender tutela de derechos, avasallamientos, propases, perturbaciones de hecho y minería ilegal. La Ley No. 535 ya prevé el amparo administrativo minero y medidas frente a la explotación ilegal. La pregunta no es si una entidad especializada puede ayudar, sino si contará con presupuesto, presencia territorial, interoperabilidad, coordinación policial y fiscal efectiva y oportuna, y capacidad para ejecutar decisiones en campo.

Contratos sin aprobación legislativa: simplificación y riesgo constitucional

La Ley No. 535 (artículo 132) somete los contratos mineros nuevos a aprobación legislativa, salvo las adecuaciones de Autorizaciones Transitorias Especiales, por tratarse de derechos preconstituidos o adquiridos, y fija a la Asamblea un plazo de noventa días para pronunciarse. El proyecto, en cambio, establece que los Contratos de Otorgación de Derechos Mineros, los Contratos de Producción Minera y los Contratos Cooperativos Mineros no requerirán aprobación legislativa y se perfeccionarán conforme a las competencias, procedimientos y formalidades del propio Código, reservando la aprobación mediante ley para los Contratos de Interés Público en Área Estratégica y sus modificaciones sustanciales. Esta modificación pudiese destrabar años de rezago, pero abre un debate constitucional de primer orden.

La Constitución atribuye a la Asamblea Legislativa la aprobación de contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas. El punto no es menor, porque la propia Constitución define a los minerales como recursos naturales y declara que estos son “de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país” (artículo 348), lo que favorece una lectura amplia de esa atribución. A ello se suma una tensión adicional, interna del propio proyecto. Si el artículo 6 declara que las actividades productivas mineras tienen carácter estratégico, prioridad nacional, necesidad estatal e “interés público”, la exclusión de determinadas modalidades contractuales del control legislativo exige una justificación especialmente clara.

El argumento existe: la Constitución remite a la ley la otorgación de derechos y contratos mineros (artículo 370.I) y, a diferencia de lo que dispone para hidrocarburos (artículo 362.II), no exige aprobar todo contrato minero; de hecho, la propia Ley No. 535 excluyó de esa aprobación a los contratos por adecuación. Pero pierde fuerza allí donde el proyecto exime del control legislativo actos que no son meramente reglados, como la prórroga sin ley, por hasta treinta años, de los propios Contratos de Interés Público. Una definición legal objetiva de “contrato de interés público” y la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de ley ante el Tribunal Constitucional Plurinacional reducirían ese riesgo. La simplificación es necesaria, pero mal diseñada podría trasladar el conflicto desde la Asamblea hacia la autoridad administrativa y los tribunales.

Asociaciones entre cooperativas y empresas privadas

La Ley No. 535 (artículo 151.I) prohíbe que cooperativas mineras suscriban contratos de asociación con empresas privadas, nacionales o extranjeras. El proyecto permite Contratos de Asociación Productiva Minera entre cooperativas y empresas privadas legalmente constituidas para atraer inversión, capital, tecnología y mejores prácticas ambientales y laborales, sin transferir la titularidad del derecho minero. La prohibición vigente no eliminó necesariamente la colaboración entre cooperativas y capital privado, sino que en varios casos la desplazó hacia esquemas informales, difíciles de fiscalizar y menos transparentes. El proyecto exige licencia ambiental, inscripción en el Registro Minero y tributación independiente de cada parte, y prohíbe la cesión, el riesgo compartido y el arrendamiento del derecho minero. Sin embargo, remite al reglamento los requisitos de autorización, asigna su control a la AJAM, entidad que el propio proyecto sustituye con la nueva autoridad, y no regula beneficiario final, escala productiva, control efectivo ni responsabilidad laboral y de cierre. Además, el texto conserva dos artículos sucesivos sobre contratos entre actores productivos privados (artículos 66 y 67) que exigen, respectivamente, autorización de la AJAM y de la ANM.

Incentivos y estabilidad para la inversión

El proyecto incorpora estabilidad regalitaria, tributaria y contractual por hasta treinta años para proyectos de gran escala (capital desde US$ 50 millones), además de arancel cero para bienes de capital, depreciación acelerada, doble deducción de gastos de prospección y exploración (o exención del IUE en los primeros tres años de operación), regalía preferencial para industrialización con valor agregado, ventanilla única e incentivos a innovación, empleo especializado y reinversión. Es un paquete relevante para proyectos intensivos en capital, con largos periodos de maduración y altos riesgos exploratorios, especialmente en un país con baja inversión privada en exploración y una posición comparativa débil frente a otras jurisdicciones mineras. Pero un incentivo solo atrae inversión si el inversionista puede confiar en él al decidir. Para eso, los requisitos de acceso, las obligaciones de mantenimiento y las causales de pérdida deben estar en la ley, ser objetivos y verificables, y no quedar sujetos a la discrecionalidad administrativa.

En ese punto el proyecto se queda corto frente a referencias regionales como el RIGI argentino. Remite aspectos centrales a la reglamentación, pese a la reserva de ley tributaria, no garantiza la disponibilidad de divisas y, para los Contratos de Interés Público, solo prevé arbitraje nacional. A ello se suma que, en los Contratos de Interés Público, la participación de la COMIBOL no podrá ser inferior al 51% de las utilidades (artículo 57). Ese parámetro pesará en la evaluación de cualquier inversionista tanto o más que la propia estabilidad. Los plazos, en cambio, son competitivos: treinta años prorrogables por un periodo similar, tanto para estos contratos como para los Contratos de Otorgación de Derechos Mineros (artículos 51 y 58). Sin estabilidad fijada en la ley, acceso a divisas y un mecanismo de solución de controversias que dé confianza al inversionista, los incentivos ofrecidos podrían valer menos de lo que aparentan.

Apertura de las tierras raras

La Ley No. 535 (artículo 27) prohíbe a los actores productivos no estatales explotar minerales radioactivos y, respecto de las tierras raras, se limita a ordenar que quien las encuentre en su área informe del hallazgo al Ministerio y a la AJAM. Ese régimen ambiguo, al que se sumó una normativa posterior que orientó su planificación hacia el aprovechamiento estatal (Decreto Supremo No. 4721 de 2022), las trataba en la práctica como un recurso reservado al Estado. El proyecto cambia ese enfoque: mantiene la reserva estatal para los minerales radioactivos, pero habilita a los actores productivos estatales, privados y cooperativos a realizar prospección, exploración, explotación, beneficio, industrialización y comercialización de tierras raras bajo las modalidades ordinarias de otorgación de derechos mineros (artículo 93). Además, aclara que la presencia de componentes radioactivos asociados no determina por sí sola la prohibición de su aprovechamiento, sino la aplicación de medidas de protección radiológica y de manejo seguro de residuos. Es una decisión acertada en un mercado donde estos elementos son insumos clave para imanes permanentes, electromovilidad, energías renovables y tecnologías avanzadas, y donde la exploración exige capital de riesgo que el Estado difícilmente puede aportar solo. Igualmente positiva era la definición legal de tierras raras que incorporaba la versión anterior del proyecto, como el grupo de diecisiete elementos químicos formado por los quince lantánidos, el escandio y el itrio, porque fija con certeza el ámbito de la apertura y evita que la calificación de un yacimiento quede librada al criterio administrativo. La versión del 10 de noviembre, sin embargo, suprimió esa definición junto con las de minerales estratégicos y críticos; convendría restituirla. Distinto es el caso del litio, que el proyecto mantiene como recurso de interés prioritario nacional dentro de las áreas estratégicas del Estado (artículo 19).

Seguridad jurídica de los derechos mineros y transición

El proyecto afirma que los derechos mineros no podrán ser suspendidos, revocados, resueltos, anulados ni extinguidos sino por causales legales expresas, resolución motivada, procedimiento previo y debido proceso. Esta regla es positiva y necesaria, especialmente frente a bloqueos, propases, avasallamientos e incertidumbre administrativa. Al mismo tiempo, la intransferibilidad del área minera y la imposibilidad de gravar el recurso natural responden al diseño constitucional, no a una simple opción de política pública. Por ello, la bancabilidad, es decir, la capacidad de obtener financiamiento para los proyectos, debe construirse sin desnaturalizar el derecho minero. La fórmula no consiste en privatizar el área o el recurso, sino en permitir mecanismos compatibles con la Constitución para financiar proyectos, reconocer inversiones, ordenar cambios de control, usar información geológica y económica como soporte financiero, asegurar continuidad operativa y proteger derechos frente a perturbaciones. El proyecto avanza en esa dirección al permitir gravar la inversión, la producción y los bienes del titular y utilizar la información geológica para obtener financiamiento, incluso en bolsas de valores, aunque no regula los cambios de control.

En esa línea, el proyecto mejora también el derecho preferente derivado de la Licencia de Prospección y Exploración al permitir continuidad de labores exploratorias durante el trámite del contrato y su ejercicio por un tercero calificado en sustitución del titular, y aclara expresamente que esa sustitución no comprende el área ni los recursos minerales.

Un aspecto que requiere mayor desarrollo es la transición. El proyecto declara que los Contratos Administrativos Mineros vigentes mantienen plena validez y eficacia, pero sujeta el ejercicio de los derechos que de ellos emergen al nuevo Código (artículo 205) y dispone que cualquier modificación los convierta en Contratos de Otorgación de Derechos Mineros (artículo 206), aunque preserva las estipulaciones que no sean objeto de modificación. Las solicitudes en trámite ante la AJAM concluirán bajo la nueva modalidad (artículo 46.III). Para un Código que proclama la seguridad jurídica, convendría precisar qué reglas del nuevo régimen alcanzan a los contratos vigentes y cuáles quedan protegidas como condiciones pactadas, de modo que la migración no se perciba como una modificación unilateral.

Trazabilidad

La propuesta se alinea con una tendencia regulatoria más amplia, que consiste en controlar no solo la titularidad del área, sino toda la cadena de producción, comercialización, transporte, exportación y destino económico de los minerales. La creación del Número de Trazabilidad del Mineral (NTM) es una de las herramientas más relevantes de esa arquitectura, porque busca sustituir múltiples registros y vincular derechos mineros, comercialización, agentes de retención, procesamiento y exportación en un solo sistema. El proyecto transfiere competencias del SENARECOM a la ANM y ordena que las referencias normativas al SENARECOM se entiendan hechas a la nueva autoridad respecto de las competencias transferidas. Pero el texto no es consistente. El artículo 98 declara que el NTM sustituye al Número de Identificación Minera (NIM) y al Número de Identificación de Agente de Retención (NIAR). Sin embargo, el artículo 139 mantiene, junto al registro del NTM, un registro de comercializadores autorizados, que es la función del NIM, y otro de agentes de retención y empoce de la regalía, que es la del NIAR. Así, el NTM convive con los registros que debía reemplazar, y no queda claro su funcionamiento operativo.

La misma inconsistencia alcanza a las Licencias de Operación y Comercialización. El artículo 98 dispone que el NTM las sustituye, pero el artículo 134 sigue facultando a la ANM a otorgarlas, suspenderlas y revocarlas. A su vez, los artículos 144 y 177 regulan su trámite y el destino de su patente, y el artículo 123 fija esa patente con dos montos distintos. Además, la disposición transitoria que ordena la sustitución de oficio, sin reinscripción ni costo, solo alcanza al NIM: nada dice del NIAR ni de las licencias, cuyos titulares quedan sin una regla de migración. Esas contradicciones deben corregirse, y queda pendiente la ejecución: plazos, interoperabilidad y continuidad operativa durante la migración. La trazabilidad solo funcionará si es interoperable, simple para el operador formal, exigible para el informal y coordinada con aduana, administración tributaria y gobiernos departamentales. De lo contrario, puede terminar castigando al cumplidor y dejando intactas las rutas reales de contrabando, evasión, lavado, uso de mercurio y mezcla de mineral de origen dudoso.

Zona de seguridad fronteriza

La restricción de los cincuenta kilómetros desde la línea de frontera continúa siendo decisiva para inversionistas extranjeros. El artículo 262 de la Constitución impide que extranjeros adquieran, directa o indirectamente, propiedad o posesión sobre aguas, suelo o subsuelo en la zona de seguridad fronteriza, salvo necesidad estatal declarada por ley expresa aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa. La Ley No. 535 desarrolla esa regla para la minería: su artículo 28 prohíbe a personas extranjeras obtener licencias de prospección y exploración o contratos administrativos mineros en esa franja, salvo necesidad estatal declarada por ley expresa, y somete las nuevas solicitudes en áreas fronterizas al artículo 262 de la Constitución. El proyecto, en cambio, solo menciona la zona fronteriza para habilitar actividades de investigación, prospección y exploración del SERGEOMIN (artículo 171). No reproduce la prohibición de la Ley No. 535 ni regula su aplicación a la inversión extranjera, las asociaciones, la sustitución del derecho preferente, los contratos con participación extranjera o las estructuras corporativas en esa franja. Ese silencio no habilita a los extranjeros: la prohibición constitucional seguirá aplicándose directamente. Pero, sin reglas expresas en el Código, un inversionista podría iniciar trámites, firmar contratos o armar estructuras societarias vulnerables que resulten incompatibles con la Constitución.

Agua, áreas protegidas y consulta previa

El proyecto incorpora reglas sobre cierre y post-cierre, pasivos ambientales, tecnologías limpias, reducción progresiva del mercurio, protección hídrica, compatibilidad ambiental y actividad minera en áreas protegidas, humedales y reservas forestales. Esa línea es indispensable, porque la viabilidad de la minería moderna ya no depende solo del título habilitante, sino de licencia social, consulta adecuada, gestión hídrica, transparencia ambiental y capacidad de prevenir conflictos. Aquí aparece un cambio relevante frente a la Ley No. 535. El artículo 93.III.c de dicha ley establece que no se podrán realizar actividades mineras en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, sujetando las restricciones a estudios ambientales con enfoque multisectorial. No obstante, la falta de reglamentación convirtió esa prohibición en una fuente de incertidumbre. En la práctica generó retrasos y trabas en el otorgamiento de derechos mineros, sin que ello se tradujera en una protección hídrica más efectiva. El proyecto reemplaza esa lógica por una regla según la cual la proximidad a un cuerpo de agua no determina por sí misma la prohibición de la actividad minera, y remite la identificación de áreas de protección hídrica y zonas de restricción o exclusión a la planificación sectorial de recursos hídricos y a la licencia ambiental. El cambio responde a un problema real, pero traslada buena parte de la protección a una planificación hídrica que aún debe construirse.

En consulta previa, el proyecto la mantiene por única vez, sin derecho a veto y con un plazo máximo de tres meses: reglas previsibles que deberán aplicarse conforme al Convenio 169 de la OIT para no generar nulidades.

Conclusión: una oportunidad que exige depuración

Desde una perspectiva constitucional, el proyecto debe leerse a la luz de un equilibrio. Los minerales son del pueblo boliviano y el Estado ejerce control sobre toda la cadena productiva, pero también debe proteger la iniciativa privada y la seguridad jurídica.

La pregunta de fondo no es si Bolivia necesita una reforma minera. Sí la necesita. La verdadera pregunta es si el Código propuesto será capaz de resolver los problemas que han limitado al sector. Bolivia combina potencial mineral importante, baja exploración privada, conflictos de acceso y tenencia, informalidad, minería ilegal, fragmentación cooperativa, debilidad institucional, presión ambiental y limitada industrialización. Un código moderno no debe limitarse a acelerar trámites. Debe construir confianza. Y la confianza se construye con reglas claras, controles reales, incentivos verificables, tutela efectiva frente a avasallamientos, trazabilidad aplicable, fiscalidad inteligente y una institucionalidad que funcione fuera del papel.

El proyecto contiene propuestas que pueden contribuir en esa dirección, junto con aspectos que todavía requieren mayor desarrollo, coherencia y sustento. Su revisión exige el rigor propio de una norma llamada a regir el sector durante los próximos años.

Desde Moreno Baldivieso, consideramos que el éxito de esta reforma no se medirá por su alcance, sino por su capacidad de traducirse en reglas aplicables. Ello dependerá de que el texto final se depure técnicamente, se ajuste a los límites constitucionales y convierta la seguridad jurídica en una regla efectiva para el Estado, los inversionistas, las cooperativas, los trabajadores y las comunidades. Bolivia no necesita menos regulación minera. Necesita mejor regulación minera.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento legal.

Daniel Arredondo – Socio
Marco Suárez – Asociado Senior

El contenido de este artículo refleja el análisis y criterio de sus autores.