Dia International de la Madre Tierra

En el año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución A/RES/63/278 designa al 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Esta distinción se da en reconocimiento a que la Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, por lo cual, para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra.

 

Dentro de la visión Biocentrista, que dio origen a éste emblemático día, se afirma que todo ser vivo merece respeto moral para reivindicar el valor primordial de cada vida. Promoviendo así, las relaciones entre especies, el trato con los animales, la democracia participativa y el derecho fundamental de las personas a gozar de un ambiente sano, protegido y equilibrado.

 

Sin embargo, resulta paradójico celebrar a la Madre Tierra mientras en la práctica, el ser humano está empujando, a un ritmo exageradamente acelerado, a la degradación y destrucción de los ecosistemas que componen la naturaleza. De continuar estas prácticas, seremos las principales víctimas de nuestras propias acciones, lo que en palabras del Jefe Indio Seattle significa que: “Todo lo que le ocurre a la tierra, les ocurrirá a los hijos de la tierra”.

 

En nuestro país, a pesar de haber promovido a un Tribunal Internacional para los Derechos de la Madre Tierra y de haber implementado preceptos pioneros para la protección de la naturaleza en la Constitución Política del Estado, somos de los países que más aportan al declive del desarrollo sostenible.

 

Bolivia fue catalogado por el Global Forest Watch, en el año 2020, como el segundo país con mayor deforestación en el mundo, seguido solamente por Brasil. Además, 20 de las 22 áreas protegidas del país están amenazadas por la exploración de hidrocarburos y la minería, el avasallamiento de tierras y la falta de recursos para la detección de actividades ilícitas. Todavía no logramos aplicar correctamente la consulta previa a las comunidades indígenas para proyectos que afectan sus tierras y tienen sobreposición con Parques Nacionales, como es el caso del TIPNIS o Tariquía.

 

La Ley 755 de gestión integral de residuos no contribuyó en nada al tratamiento de desechos, ni siquiera en zonas de patrimonio cultural como es el salar de Uyuni o nuestros representativos lagos. Basta leer las noticias de los últimos días para enterarnos del terrorífico estado en que se encuentra el Lago Uru Uru, donde el plástico ha reemplazo al agua y a los peces. El problema con la basura, que se arrastra desde hace décadas, persiste, menos del 5% de la basura es procesada y el resto termina por defecto en vertederos, sin hablar de la falta de tratamiento de aguas residuales que terminan en el Lago Titicaca y en los ríos de la Amazonía.

 

Entonces, ¿Qué celebramos en el Día de la Madre Tierra? Personalmente, creo que no es un día de festejo sino de profunda reflexión, donde tenemos la oportunidad de analizar nuestras acciones y el daño que estamos causando a la “casa grande” y, por ende, a nosotros mismos.

 

Bolivia, desde la implementación de la Constitución en el año 2009, fue un actor estelar e indiscutible en la promoción, a nivel internacional, de mecanismos que obliguen a los Estados a conservar y defender a la Madre Tierra. Lastimosamente, el propio Tribunal Internacional de la Madre Tierra emitió, en enero de 2019, una sentencia contra el Estado boliviano por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, al promover y ejecutar arbitrariamente la carretera por el TIPNIS. Lo más controversial, es que decidimos no acatar el fallo del Tribunal que nosotros mismos promovimos, dejando un precedente desfavorable a nivel internacional.

 

El último instrumento internacional que asumimos en relación a la defensa de la Madre Tierra es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o mejor conocido como el Acuerdo de Escazú. Ratificado por la Ley No. 1182 de fecha 03 de junio de 2019.

 

Este acuerdo tiene el objetivo de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y en desarrollo sostenible. Asimismo, es el primer acuerdo vinculante que deriva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río +20).

 

En términos prácticos, el acuerdo representa un paso positivo para que los ciudadanos de los países parte puedan acceder a información relacionada a temas ambientales y, a su vez, se les permita acudir a la justicia contra decisiones que afecten el derecho colectivo de un medio ambiente protegido.

 

Empero, más allá de las buenas intenciones, existen factores reales que ponen en duda la efectividad de este Acuerdo. En primer lugar, Bolivia se encuentra ampliamente rezagada en términos de investigación y colección de datos para la información pública. En este sentido, por más que la Constitución, la Ley de Medio Ambiente No. 1333 y las demás disposiciones legales ambientales, nos permitan obtener acceso a información relevante, en varias oportunidades, las instituciones públicas simplemente no cuentan con información científica o técnica y, en los casos que sí la poseen, es más sencillo ocultarla que presentarla y ser sujeto de críticas. En la mayoría de los casos, es más fácil y seguro obtener información de ONGs o fundaciones.

 

Como segundo punto se encuentra la participación pública, que de acuerdo al Acuerdo de Escazú, los países parte se comprometen a implementar un participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales. Sin embargo, la Constitución Política dispone que el Estado, asume el control y dirección sobre la exploración, explotación, industrialización y comercialización de los recursos naturales estratégicos (hidrocarburos, minerales, entre otros), por tanto, la sociedad no tiene derecho a veto cuando se busca evitar la ejecución de este tipo de proyectos. De igual manera, la Ley de Minería establece que la consulta previa no implica el derecho a veto de las personas consultadas. En este sentido, ¿de qué sirve la participación pública si no se tiene derecho a voto? ¿Es favorable para la población tener derecho a escuchar y no a opinar? Considero este tema como la piedra angular para la coordinación de la política y legislación ambiental del país, puesto que los intereses económicos no pueden sobreponerse a los derechos colectivos.

 

Finalmente, es importante hablar del tema de acceso a la justicia. En Bolivia el Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado en la jurisdicción agroambiental y tiene como atribución resolver demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente. El Tribunal Agroambiental ha representado un camino acertado para la especialización de la justicia y la celeridad de los procesos, pero a pesar de sus ideales, poco o nada ha podido hacer para frenar proyectos extractivos, dotación de tierras fiscales o detener la deforestación. Tomando en cuenta que los recursos naturales estratégicos están en pleno control del Estado, el Tribunal Agroambiental queda corto para proveer soluciones reales e inmediatas a los problemas ambientales del país.

 

Por las razones expuestas, es necesario reflexionar sobre los factores generales que afectan a la Madre Tierra, la implicancia que tienen las Leyes nacionales y los Tratados Internacionales como el Acuerdo de Escazú, en la metodología aplicada a las políticas públicas ambientales y qué soluciones brindará a los habitantes del país. La gestión ambiental depende de la convicción que posean las autoridades para brindar una real protección al medio ambiente y no en la letra muerta de la norma.

 

En este Día Internacional de la Madre Tierra, es fundamental examinar el privilegio que tenemos como bolivianos de contar con la gran diversidad natural que ocupa nuestro territorio. Meditemos sobre nuestros bosques tropicales, que viven de los deshielos de nuestras milenarias montañas. Acompañemos el daño causado a nuestros recursos naturales con el único ánimo de reparar y recomponer, porque no estamos tarde para valorar a la naturaleza. Al final, la Madre Tierra es eterna, somos nosotros los que dependemos de ella.

 

DR. Andre Tejerina / Doctor en Derecho Ambiental

 

 

 

 

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