Flexibilidad laboral en tiempos de crisis: Herramientas legales para la sostenibilidad del empleo en Bolivia

Bolivia atraviesa uno de los periodos económicos más complejos de los últimos años. Como consecuencia de ello y ante la urgencia de reactivar la economía, es clara la necesidad de adaptar las reglas laborales a la nueva realidad del mercado, que permita a los empleadores contar con un margen mayor para implementar nuevas modalidades y medidas, logrando así la sostenibilidad del empleo.

La flexibilidad laboral puede definirse como la capacidad del régimen de trabajo para ajustarse a las circunstancias cambiantes del contexto económico y social. Dicha adaptabilidad busca preservar las fuentes laborales ante situaciones imprevistas o de fuerza mayor, otorgando a los empleadores instrumentos legales que les permitan evitar despidos masivos o el cierre de sus operaciones.

Aunque la legislación boliviana protege al trabajador, la práctica ha llevado a implementar ciertos márgenes de acción que permiten a los empleadores adoptar medidas temporales y legítimas para reducir costos sin transgredir los derechos fundamentales de su personal. Estas herramientas, bien aplicadas, pueden convertirse en mecanismos de sostenibilidad y protección del empleo.

Una de las primeras opciones que la normativa permite es la implementación del rol de vacaciones. Esta herramienta, contemplada en el Decreto Supremo 4709, permite al empleador conceder vacaciones acumuladas, evitando mantener personal inactivo y reduciendo temporalmente los costos operativos. En contextos de crisis, esta alternativa actúa como un mecanismo de ajuste ordenado que preserva la relación laboral y evita ceses innecesarios.

La reducción salarial, por su parte, puede ser un instrumento efectivo de sostenibilidad, siempre que sea resultado de un acuerdo libre y expreso entre empleador y trabajador. La Constitución Política del Estado protege la intangibilidad del salario, pero no impide acuerdos temporales cuando la empresa acredita una situación crítica y el trabajador consiente la medida, evitando medidas más drásticas como despidos o cierres.

En la misma línea, la reducción de jornada laboral constituye una alternativa válida para ajustar la carga horaria en función de la demanda real de trabajo. La normativa boliviana, en concordancia con normas internacionales como el Convenio 30 de la OIT, permite esta medida siempre que se respeten las limitantes de la jornada laboral. Para el empleador, esta opción implica un alivio financiero directo y una oportunidad de mantener vínculos laborales activos mientras se estabiliza la situación económica.

Finalmente, el ajuste en el cálculo del bono de antigüedad, en función del tipo de actividad de la empresa (industrial o de servicios), puede representar una medida adicional de racionalización de costos, dentro de los parámetros permitidos por ley.

Dicho en otras palabras, la crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar mecanismos más flexibles y racionales. Desde la perspectiva del empleador, las medidas de reducción de costos deben interpretarse como estrategias de adaptación que buscan preservar la continuidad de la empresa y, con ella, las fuentes de trabajo. La flexibilidad, aplicada dentro del marco legal y con criterios de proporcionalidad, transparencia y diálogo, se convierte en un instrumento legítimo para garantizar la sostenibilidad del empleo en tiempos de incertidumbre económica.

Análisis de:

Noelia Sanjinés – Asociada

Lilian Rodríguez – Asociada