GOBIERNO Y COB ACUERDAN BASES DEL INCREMENTO SALARIAL PARA LA GESTIÓN 2023

En marzo de 2023, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó un pliego petitorio en el que solicitaba un incremento del 10% tanto en el salario básico como en el salario mínimo nacional. Además, solicitaron que se abordaran temas importantes como la salud, la educación y la Ley de Pensiones. Sin embargo, los empresarios privados expresaron su rechazo a la propuesta argumentando que no había condiciones externas ni internas para aplicar un alza salarial. A entender de los empresarios y otros sectores, el país se encuentra en un proceso de recuperación de una crisis interna y externa, y es necesario centrarse en la creación de nuevas industrias y empleos.

Los empresarios también sugirieron que era fundamental ser escuchados por el Gobierno para discutir la crisis de las divisas, que consideran «muy riesgosa» para la economía. Por su parte, se advirtió que no están dadas las condiciones para un aumento salarial en 2023, y que cualquier aumento elevaría el déficit fiscal, ya que cada punto porcentual de incremento requeriría cerca de 90 millones de bolivianos adicionales del Tesoro General de la Nación.

En resumen, mientras la COB solicitaba un incremento del 10% al salario básico y al salario mínimo nacional, los empresarios privados argumentaban que no existen las condiciones para un alza salarial y pedían establecer un diálogo tripartito con el Gobierno y la COB para evaluar alternativas.

Durante varias semanas se llevaron a cabo negociaciones y mesas de trabajo, con la exclusión del sector empresarial privado.

Finalmente, el Gobierno de Bolivia y la Central Obrera de Bolivia (COB) acordaron un aumento salarial del 3% para el salario básico y del 5% para el salario mínimo nacional en 2023, retroactivo desde enero de la presente gestión. También se presentará un proyecto de ley para fijar la jubilación obligatoria a los 65 años y se aumentará el límite máximo del fondo solidario de vejez para trabajadores con 35 años de aportes.

Además, se acordó elaborar un proyecto de ley para mejorar el fondo solidario para los que menos reciben y se aprobará un reglamento de inversiones para la Gestora en conjunto con la COB.

El sector privado manifestó su preocupación por el impacto de un aumento salarial en la formalidad de las empresas, sector que una vez más es excluido en la determinación del incremento salarial.

De acuerdo al Convenio No. 131 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la fijación de salarios mínimos, en pie de igualdad junto con el Gobierno, los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, deben participar en la fijación de las políticas relativas a incrementos salariales. Este Convenio ha sido ratificado por Bolivia el 31 de enero de 1977 y se encuentra en plena vigencia, sin embargo son varios años que el sector privado es excluido de estas tomas de decisiones.