La situación jurídica y ambiental de los bosques en Bolivia
Bolivia posee la cuarta mayor extensión de cobertura boscosa de Sudamérica. De acuerdo con datos de Global Forest Watch y reportes nacionales, el país cuenta con aproximadamente 57 millones de hectáreas de bosques naturales. Estas áreas comprenden diferentes categorías de protección y uso, incluyendo Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP), Áreas Protegidas, Reservas Forestales, Territorios Indígena Originaria Campesinos (TIOC), bosques de propiedad privada, e incluso bosques urbanos regidos por normas municipales que en muchos casos no están claramente protegidos.
La diferenciación normativa para el tratamiento de estas categorías genera superposición y una gestión inadecuada, lo que ha generado vacíos regulatorios que debilitan su conservación y ponen en riesgo su existencia. Actualmente, Bolivia ocupa el segundo lugar en pérdida de bosque primario en el mundo, experimentando una reducción del 200% entre 2023 y 2024; según Global Forest Review el 83% de esta pérdida se debió a incendios forestales en 2024.
Es importante distinguir entre los diferentes tipos de tenencia y uso forestal reconocidos por la normativa boliviana, ya que esto influye directamente en los niveles de protección aplicables. En términos jurídicos, los bosques dentro de parques nacionales están regidos por la Ley N° 1333 del Medio Ambiente y reglamentos específicos como el Reglamento General de Áreas Protegidas que otorgan competencias al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para su protección y administración, mientras que los bosques en reservas forestales están bajo competencia de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y la Ley Forestal N° 1700. Vale la pena aclarar que las reservas forestales no son áreas protegidas per se, lo que permite usos productivos bajo un régimen de autorizaciones, a diferencia de otras zonas boscosas que poseen un carácter predominantemente conservacionista. No obstante, la presencia humana ha aumentado significativamente en muchas de estas áreas, en ocasiones con el aval —explícito o tácito— de las instituciones responsables de su gestión.
Pese a esta arquitectura normativa, Bolivia enfrenta una grave crisis ambiental por la pérdida acelerada de bosques, lo que repercute directamente en el siclo hidrológico y afecta la cadena biológica de otros seres vivos. Diversos informes, estiman que más de 421 mil hectáreas fueron deforestadas solo en 2023, una cifra equivalente a perder cada hora un área similar a 41 canchas de fútbol. Esta tendencia muestra una presión creciente sobre los ecosistemas boscosos derivados de actividades humanas, sin que existan medidas eficaces de contención, restauración ni monitoreo.
Desde hace varias décadas atrás, a nivel internacional, se han desarrollado y aplicado múltiples metodologías para la conservación de bosques como el Manejo Forestal Sostenible (MFS) promovido principalmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y certificaciones como la Forest Stewardship Council (FSC) que otorga validación a bosques que cumplan con el MFS y estándares sociales.
Asimismo, existen ejemplos concretos de los beneficios de aplicar estas metodologías, por ejemplo, Costa Rica logró aumentar su cobertura boscosa de 21% en 1983 a más de 53% en 2020, combinando metodologías MFS, pagos de servicios ambientales y control forestal. En contraste, según datos del FSC, Bolivia cuenta con un 2% de bosques naturales certificados bajo esquemas de FSC distribuidas entre TPFP, propiedades privadas y TIOC. Lo que demuestra una latente falta de interés por parte de administradores o titulares para certificar sus áreas boscosas, principalmente por el hecho de que tampoco existen beneficios tangibles por obtener estas certificaciones ni una obligación real por parte de los reguladores.
Por su parte, en octubre del año pasado por medio del Decreto Supremo No. 5264, Bolivia abrió las puertas para la regulación e implementación de los bonos de carbono, que son instrumentos financieros que sirven para promover actividades sostenibles, entre las que se encuentran la conservación de bosques por medio del programa Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) dependiente de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en el marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) asumidas bajo el Acuerdo de Paris. No obstante, la regulación específica para su aplicación está retrasada y no hay lineamientos claros de su aplicación en el país ni su validez frente a actores internacionales.
Estos instrumentos internacionales son piezas claves para hacer frente a la degradación de los bosques siguiendo los principios ambientales de la Constitución y los Derechos de la Madre Tierra; pero distan mucho de la realidad local. Por ejemplo, otro de los aspectos más preocupantes es la falta de información oficial sobre las áreas afectadas por los incendios forestales ocurridos en 2023 y 2024, considerados los peores registrados en la última década. A la fecha, no se cuenta con reportes actualizados y accesibles al público sobre el estado de recuperación de esas zonas, ni planes efectivos de rehabilitación ecológica. Esta ausencia de transparencia y planificación evidencia una debilidad estructural en la gestión ambiental del país.
Además, se prevé que el año 2025 presente riesgos aún mayores. La profunda crisis financiera y la reducción de ingresos por hidrocarburos limitan severamente la capacidad operativa de las autoridades ambientales. En un contexto de presupuestos restringidos, escasez de personal y baja capacidad de respuesta, se teme que los incendios forestales de este año puedan ser más destructivos. Esta situación se agrava por las intensas lluvias que provocan un crecimiento descontrolado de biomasa, aumentando el riesgo de incendios de gran magnitud durante la estación seca. Del mismo modo, la pausa ambiental declarada por el Decreto Supremo No. 5225 que abarca a todo el territorio no generó un cambio sustancial en la situación de los bosques, y aún más preocupante, es la intención de revertir esta medida para autorizar chaqueos “controlados” que afectarán gravemente las zonas boscosas.
Frente a esta realidad, se promulgó el reciente Decreto Supremo N° 5390, el cual pretende regular la gestión integral de las Reservas Forestales. Este Decreto define a las Reservas Forestales como espacios con vocación forestal cuya finalidad principal es la conservación de los bosques. Establece que la ABT es la autoridad competente para su administración, y dispone la elaboración de planes de manejo y ordenamiento territorial como instrumentos obligatorios de planificación. Asimismo, reconoce la necesidad de rehabilitar zonas degradadas, promover la participación comunitaria y priorizar la conservación frente a actividades de riesgo ambiental.
No obstante, pese a su contenido y aparente intención sostenible, el Decreto ha generado preocupación en el sector ambiental y académico. Diversos colegios de ingenieros forestales, universidades y plataformas especializadas han advertido que su aplicación podría abrir la puerta a actividades de desmonte y apropiación irregular de tierras en reservas protegidas, bajo el pretexto del “aprovechamiento sostenible”. En particular, se señala que la ambigüedad en la definición de usos permitidos y la falta de mecanismos efectivos de fiscalización podrían ser aprovechadas para legalizar asentamientos irregulares o habilitar cultivos en zonas vulnerables.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, si bien el Decreto reafirma principios constitucionales como la sostenibilidad y la conservación de recursos, también introduce riesgos si no se lo ejecuta con políticas coherentes, basadas en una reglamentación clara y efectiva, de acceso público, y con participación técnica y social; alineadas a los estándares y metodologías internacionales.
En base a todo lo expuesto y la realidad actual del país, la situación de los bosques en Bolivia es crítica. La deforestación, la expansión desordenada de actividades económicas, la falta de rehabilitación postincendios y la debilidad institucional ponen en riesgo el patrimonio forestal del país. Frente a esta realidad, urge fortalecer el marco normativo y operativo para la protección de los ecosistemas forestales. La protección de los bosques no solo es un imperativo ambiental, sino también jurídico, económico y social. Asegurar su preservación requiere voluntad política, normativa clara y participación activa de todos los sectores del país.
André L. Tejerina Queiroz (Ph.D.)
Especialista en Derecho Ambiental