LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LAS EMPRESAS

El ordenamiento jurídico de nuestro país cuenta con un marco de obligaciones legales que las empresas de cualquier rubro deben cumplir. Entre las regulaciones de mayor resonancia y que son objeto de trato priorizado por entidades comerciales, debido a las consecuencias legales y económicas que acarrea el incumplimiento, podemos mencionar: el cumplimiento de obligaciones tributarias, el acatamiento a las disposiciones de seguridad social y derechos laborales, la correcta aplicación del gobierno corporativo y otras que son objeto de mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes nacionales.

No obstante, existe una rama del derecho que debería ser igualmente respetada y cumplida por toda sociedad comercial, pero que lamentablemente no recibe la misma atención debido a su menor difusión y a la falta de una institucionalidad desarrollada en la mayoría de los Departamentos de Bolivia que pueda hacer un seguimiento efectivo y comprobar la adecuación a las disposiciones legales. Nos referimos en este caso al Derecho Ambiental.

El ordenamiento jurídico boliviano ha desarrollado una serie de instrumentos legales que regulan todas las actividades, ya sea en fase de proyecto o ejecución, con el fin de garantizar el cumplimiento de límites impuestos en cuanto a la contaminación ambiental, priorizando el uso eficiente de los recursos naturales y manteniendo la calidad de vida tanto para los seres humanos como para otros seres vivos. En este contexto, es esencial destacar que nuestra norma madre, la Constitución Política del Estado, reconoce el derecho a un medio ambiente saludable y equilibrado como un derecho fundamental de todos los bolivianos.

El marco normativo en materia de Derecho Ambiental abarca diversas áreas, desde la gestión de residuos y la protección de áreas naturales hasta la prevención de la contaminación del agua y del aire. Cada una de estas áreas está respaldada por leyes específicas, decretos y reglamentos que imponen obligaciones claras a las empresas. Además, Bolivia es signataria de acuerdos internacionales, como el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Protocolo de Kyoto, que también establecen compromisos y responsabilidades en relación con la protección del medio ambiente.

Por su parte, el incumplimiento de las obligaciones ambientales puede tener graves consecuencias para las empresas, incluyendo sanciones legales y financieras, la revocación de licencias operativas y daños a la reputación. Por lo tanto, es imperativo que las empresas en nuestro país, tomen en serio su responsabilidad ambiental y se adhieran de manera rigurosa a la normativa ambiental vigente.

Del mismo modo, la inversión en prácticas sostenibles y en la implementación de tecnologías limpias no solo contribuye al cumplimiento de la ley, sino que también puede generar beneficios económicos a largo plazo y fortalecer la posición competitiva de las empresas en el mercado nacional e internacional. En este sentido, la asesoría legal y los servicios especializados en Derecho Ambiental desempeñan un papel fundamental al ayudar a las empresas a navegar por el complejo entorno regulatorio y a adoptar prácticas ambientales responsables, asegurando así un futuro sostenible para todas las partes involucradas.

Uno de los pilares fundamentales del cumplimiento normativo radica exclusivamente en que “no existe error de derecho”. Esto quiere decir que, el desconocimiento a las obligaciones legales, incluyendo las ambientales, no exonera de responsabilidad al obligado y lo hace pasible a las mismas sanciones. Por esta razón, es fundamental que toda persona jurídica o natural se familiarice e internalice prácticas sostenibles en sus actividades, en cumplimiento a las regulaciones ambientales para evitar distintos tipos de responsabilidad que pueden incluir administrativas, civiles y hasta penales.

El asesoramiento ambiental para toda entidad comercial debe ser una prioridad tan importante como lo es el pago de tributos o el cumplimiento a los derechos laborales. De esta manera, no solamente evitamos multas o sanciones, sino que aportamos a que nuestra sociedad y los ecosistemas que componen al país se mantengan saludables y generen todos los beneficios en el acceso a recursos elementales par la vida.

Autor:  André Tejerina