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Régimen de estabilidad laboral frente a la informalidad del empleo

Estando próximo el 1° de mayo día del trabajador, convendría considerar que el régimen de estabilidad laboral rígido que impera en Bolivia frente a la informalidad del empleo, es un tema urgente a considerar, a objeto de poder enfrentar el gran desafío de generar y promover empleo formal y la protección de los derechos laborales de los trabajadores.

 

El régimen de estabilidad laboral rígido se refiere al conjunto de normas que protegen a los trabajadores de ser despedidos sin justa causa. En este sentido, la ley boliviana otorga la potestad al trabajador de aceptar un despido o rechazarlo, por lo que en caso de negativa podrá acogerse a un proceso administrativo de reincorporación laboral ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, lo que ha sido una medida importante para proteger a los trabajadores en un contexto de inestabilidad laboral.

 

Sin embargo, esta medida también ha tenido consecuencias negativas, ya que muchos empleadores prefieren no contratar a trabajadores debido a la rigidez de las leyes laborales. Esto ha llevado a una alta tasa de informalidad en el mercado laboral boliviano. A la fecha el 80% de las personas en Bolivia trabajan en la informalidad. El 87% de estas personas son mujeres y, de este porcentaje, 4 de cada 10 desempeñan sus actividades por cuenta propia.

 

La informalidad laboral en Bolivia se refiere a la falta de protección social y de derechos laborales para los trabajadores. Los trabajadores informales no tienen acceso a la seguridad social, a la protección contra el despido arbitrario o a la indemnización en caso de despido. Además, no cuentan con las mismas oportunidades de capacitación y desarrollo profesional que los trabajadores formales.

 

La informalidad laboral también ha tenido un impacto negativo en la economía boliviana. Los trabajadores informales no contribuyen al sistema de seguridad social y no pagan impuestos, lo que significa que el Estado no recibe ingresos por su trabajo. Esto ha llevado a una disminución en la recaudación fiscal y a una mayor carga en el sistema de seguridad social, que debe hacer frente a las necesidades de los trabajadores formales y los informales.

 

En este sentido, es importante destacar la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la flexibilidad del mercado laboral. Es necesario que las leyes laborales protejan a los trabajadores, pero también es importante que los empleadores tengan la libertad de contratar y despedir trabajadores según las necesidades del mercado.

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que carece de sentido la elaboración de normas protectoras del trabajo si no se aborda el tema del empleo, por lo que a través del Convenio 122 estableció que los Estados que lo ratifiquen tienen el deber de formular y llevar a cabo políticas activas para fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

 

Bolivia ratificó dicho Convenio el 31 de enero de 1977, el mismo que a la fecha se encuentra totalmente vigente, por lo que se encontraría en la obligación de implementar políticas destinadas a reducir la informalidad laboral y promover el empleo formal. Estas políticas deberían incluir incentivos fiscales para las empresas que contratan trabajadores formales, la creación de programas de capacitación y desarrollo profesional y la promoción de la economía formal a través de campañas de concientización.

 

Consecuentemente, la estabilidad laboral rígida en Bolivia frente a la informalidad del empleo es un desafío importante que debe ser abordado por el gobierno de manera conjunta con las empresas y los mismos trabajadores. Es necesario encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la flexibilidad del mercado laboral, para promover el empleo formal y reducir la informalidad laboral en el país. Solo así se podrá garantizar un futuro laboral justo y equitativo para todos los trabajadores bolivianos.